GASTO PUBLICO EN MEXICO

Dentro del gasto publico en MEXICO encontramos un rubro bastante cuestionable: Pensiones y privilegios a los EX-PRESIDENTES -algo que de acuerdo a las palabras del legislador SAMUEL AGUILAR no tienen sustento legal, toda vez que no están incluidas en ninguna ley o cuerpo normativo "son acuerdos de carácter administrativo sin ninguna fuerza jurídica que los sostenga", indicó. "Las millonarias pensiones que reciben los expresidentes por seis años de servicio contrastan con la situación en que se encuentran casi dos millones de mexicanos que viven con ingresos diarios de 10pesos", subrayó.
A QUE SE DEBE ESTO? A que en nuestro pais la REELECCION...no solo esta prohibida, es peligrosa para la salud del aspirante (El ultimo que lo intento fue Alvaro Obregon...y se murio mientras le tocaban "El Limoncito", su cancion preferida, pobre espero que por lo menos haya alcanzado a escuchar la ultima estrofa antes de cerrar los ojitos). Por tal razon -vale mas no pensar en esto- asi que PUNTUALMENTE los gobernantes entregan la estafeta a su relevo, el cual antes era uncido por el "Sr. Presidente" por medio de un dedazo-priista, ahora no...ahora dicen que lo elegimos democraticamente...vale mas no averiguarlo. Pero volviendo al tema: Porqueeeee vamos a cargar los mexicanos con los gastos de la "Familia Presidencial" incluyendo la compra de la despensa; ropa y demas enseres DOMESTICOS? El presidente gana y gana bien, y si no pues eso mismo le servira para COMPRENDERNOS al resto de los mexicanos.
He dicho: Pais moderno? Si, con IGUALDAD Y JUSTICIA.

Si te interesa el tema aqui te dejo la informacion original tomada del "Financiero en Linea", gracias por leerme.


Propone el PRI reducir pensiones a expresidentes
Política - Jueves 25 de octubre (16:32 hrs.)




Quedarían en un 60% del sueldo del presidente actual
Contrasta su situación con la de millones de mexicanos


El Financiero en línea

México, 25 de octubre.- La fracción del PRI en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de ley para normar la entrega de pensiones y prestaciones a los ex presidentes y reducirlas a 60 por ciento del salario del Ejecutivo federal en funciones.

El legislador Samuel Aguilar Solís explicó que las pensiones de los expresidentes no tienen sustento legal, toda vez que no están incluidas en ninguna ley o cuerpo normativo "son acuerdos de carácter administrativo sin ninguna fuerza jurídica que los sostenga", indicó.

En rueda de prensa en San Lázaro, dijo que ante ello es indispensable poner fin a la discrecionalidad con la que se erogan los recursos públicos.

La iniciativa establece que tendrán derecho a disfrutar de una pensión vitalicia equivalente a 60 por ciento del salario del presidente en funciones. En caso de muerte, su cónyuge disfrutará de una pensión equivalente a 50 por ciento del salario del mandatario en activo.

Asimismo, plantea que la pensión será suspendida cuando el beneficiario reciba ingresos derivados de cualquier otro cargo público remunerado, así como ingresos resultantes del ejercicio profesional o actividad laboral incluidos los pagos en especie, quedando exceptuados los ingresos por actividades docentes o de
investigación.

"Las millonarias pensiones que reciben los expresidentes por seis años de servicio contrastan con la situación en que se encuentran casi dos millones de mexicanos que viven con ingresos diarios de 10 pesos", subrayó.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) detalló que la iniciativa prevé asignar una dotación presupuestaria suficiente para sufragar gastos protocolarios correspondientes a su estatus.

"Los ex presidentes de la República son cinco y se conoce que cada año el pago de pensiones cuesta en promedio un millón 900 mil pesos, más los privilegios de cuerpos de seguridad, telefonía o vehículos, suman cerca de 201 millones de pesos anuales, con los que se podrían adquirir infinidad de bienes y servicios para beneficio de los mexicanos", precisó.

Aguilar Solís aclaró que no pretenden eliminar las prestaciones de los ex presidentes, sino otorgar garantías jurídicas y establecer mecanismos de rendición de cuentas, normar los criterios de las percepciones y clarificar la incidencia de los costos en el gasto público. (Con información de Notimex/RSC)